Une colombia factura

Bogotá, Colombia, protesta hoy

El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto armado de 52 años y supuso un descenso inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia relacionada con el conflicto ha adoptado desde entonces nuevas formas, y siguen produciéndose graves abusos. La violencia asociada a los conflictos ha desplazado por la fuerza a más de 8,2 millones de colombianos desde 1985.

En 2020, la población civil de diversas partes del país sufrió graves abusos a manos de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos sucesores de los paramilitares. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios se enfrentan a amenazas de muerte y violencia generalizadas. El gobierno no ha tomado suficientes medidas para protegerlos.

La impunidad de los abusos cometidos en el pasado, los obstáculos para la restitución de las tierras a los desplazados, las limitaciones a los derechos reproductivos y la extrema pobreza y el aislamiento de las comunidades indígenas siguen siendo importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia.

En junio de 2017, la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los guerrilleros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno habían entregado sus armas a la misión. El grupo guerrillero desmovilizado anunció posteriormente que estaba formando un partido político.

Violaciones de los derechos humanos en Colombia

La indignación había ido creciendo incluso antes de la pandemia. Las protestas estallaron en el país en 2019 por las políticas económicas del gobierno, su percibida falta de apoyo a un tratado de paz que puso fin a una larga guerra de guerrillas y su incapacidad para detener el asesinato de cientos de líderes sociales. «La pandemia y los bloqueos frenaron esas protestas, pero el descontento social no se detuvo», dijo Katherin Galindo, de la consultora bogotana Colombia Risk Analysis. «De hecho, va en aumento. El proyecto de ley de impuestos fue la gota que colmó el vaso y devolvió a la gente a las calles». Añadió: «Cuando la gente va a protestar es porque siente que el gobierno no los está [escuchando] y siente que el gobierno es aún peor que el virus».

El presidente Duque está presionando para que se aumenten los impuestos en unos 6.000 millones de dólares para equilibrar el presupuesto y, en parte, para pagar las ayudas alimentarias de emergencia y otros programas sociales puestos en marcha desde el inicio de la pandemia. Para ello, quiere ampliar la base de contribuyentes, eliminar exenciones y extender el impuesto sobre el valor añadido a los servicios públicos y a algunos alimentos básicos, como los huevos. Pero la economía colombiana aún se está recuperando de una contracción récord del 6,8% el año pasado, y sigue luchando con un desempleo en el sector formal superior al 14%. Como resultado, los aumentos de impuestos propuestos, combinados con una reciente ronda de cierres relacionados con el coronavirus, que han dejado a más personas sin trabajo, hacen que muchos colombianos se sientan desesperados.

Colombia problems 2021

MNG/RFP/2022/009 – Institutional Consultant – Preparation work for riparian area reforestation, protection of pasture reserve areas, springs protection and establishment of fodder storage facilities for emergency situations basing on best practices

Individual Contract (IC) 54495-2665/22 «Expert Advisory Services in Support of the Bidding Stages «Procurement of Intelligent Traffic Light System, replacement and expansion of the city’s traffic light network with remote control center».

ETH3345A ; Re-advert for International Firm level Consultancy to support regional partners on drafting and submission of situational report on the right of women and girls in Africa (ETH10 – ETH3345A)

SDP-005-2022 Update the Institutional Verification Registration System (SIREV) of the Federal Attorney’s Office for Environmental Protection so that it has an efficient hazardous waste system that allows traceability of Polychlorinated Biphenyls (PCBs).

CI/025/PDP/2022 CONSULTANCY FOR THE IMPLEMENTATION OF A SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAM PROJECT WITH COMPANIES LINKED TO THE FOOD SECTOR IN THE CENTRAL-WESTERN AXIS OF VENEZUELA. (STATE: CARABOBO), VIRTUAL AND ON-SITE TECHNICAL ASSISTANCE.

Violencia en Colombia 2021

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Human Rights Watch señalaron los abusos cometidos por la policía contra los manifestantes, mientras que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez pidió al pueblo que apoyara las acciones de la policía y los soldados durante las protestas[13].

Ingreso Solidario, un programa social de ingreso básico universal introducido por el gobierno de Duque durante la pandemia,[9] ya había proporcionado en ese momento trece pagos mensuales de alrededor de 43 dólares a las poblaciones de bajos ingresos desde abril de 2020. [Tres millones de los cerca de cincuenta millones de colombianos eran elegibles para los pagos de Ingreso Solidario, siendo el programa de menor escala en comparación con otros países latinoamericanos[9]. Según Merike Blofield, directora de la división latinoamericana del Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área, «en comparación con otros países de la región, la cobertura que ofrece Ingreso Solidario es extremadamente débil . Para los 3 millones de personas que lo recibieron, sin duda supuso una diferencia. Pero había cinco veces más hogares que lo necesitaban»[9].